En el gobierno hay mucho optimismo con el blanqueo. Sin embargo, el éxito de la medida podría ser un impedimento para las reformas de fondo que el país necesita.
Por estos días, la discusión económica pasó 100% por el “sinceramiento fiscal” promovido por el gobierno. Desde los más encumbrados empresarios hasta los más pequeños ahorristas, todos estaban preocupados por la evolución y el éxito de esta medida.
¿Debo blanquear o no? ¿Será muy complicado desde el punto de vista legal y operativo? ¿Servirá para atraer inversiones? ¿Reactivará el ingreso de dólares el sector inmobiliario?
Finalmente, parte del misterio se resolvió hace unos días, cuando el gobierno anunció el cierre de la primera etapa del proceso e informó que se habían exteriorizado hasta el momento USD 4.600 millones.
Según el ministro Prat-Gay, “es muy importante el voto de confianza que significa que alrededor de 100.000 argentinos hayan decidido sacar sus tenencias en efectivo de la caja fuerte en el banco para regularizarlos”.
Una vez que finalice todo el proceso de exteriorización de activos, el gobierno espera recaudar $ 30.000 millones. Otras estimaciones llevan este cálculo hasta los $ 90.000 millones. Si tomamos un promedio entre ambas, llegamos a una recaudación total producto del blanqueo que ascenderá a $ 60.000 millones.
Este monto no es muy significativo si se lo compara con el déficit proyectado para 2016, pero no está nada mal tampoco. En lo que va del año, lo recaudado tanto por derechos de exportación, como de importación, impuestos internos o impuestos a los combustibles líquidos, está por debajo de esa cifra. Es decir que, gracias al blanqueo, el gobierno estaría embolsándose más de nueve meses de impuesto a las naftas.
Obviamente, Alfonso Prat Gay estará contento con esta noticia. Sin embargo, hay una parte negativa.
En los últimos 15 años vivimos dos crisis fiscales. La de la deuda en 2001-2002, que terminó en la devaluación de Duhalde, y la de la inflación y el cepo de 2011-2015, cuyo desenlace estamos viendo hoy.
El problema que tiene nuestro país es que el estado gasta permanentemente por encima de lo que le ingresa, y que nunca piensa que la solución a este problema pase por un recorte del gasto público.
Ahora sobre este punto cabe hacer un análisis adicional. Milton Friedman sostenía que había cuatro formas de gastar el dinero.
a) O se gasta el dinero propio en uno mismo.
b) O se gasta el dinero propio en un tercero.
c) O se gasta el dinero de un tercero en uno mismo.
d) O se gasta el dinero de un tercero en un tercero.
Para Friedman, la forma más eficiente de gastar es la primera. Ahí, uno se preocupa por el costo de lo que compra, y también por la calidad. “Cuida el mango”, digamos, y maximiza el su beneficio sujeto a los ingresos de que dispone.
La última forma, en cambio, es la menos eficiente. El comprador no cuida los recursos, porque no son propios, y además no mira mucho la calidad de lo que compra. El resultado es una compra cara y de mala calidad.
Esta última es la forma en que gastan los gobiernos. Gastan dinero ajeno (que toman de los impuestos, de la inflación, o en préstamo como deuda) y lo gastan en terceras personas, pero no buscando el bienestar general, sino su beneficio político personal. El resultado es un gasto público excesivo, y orientado a maximizar la utilidad política, no el bienestar de los ciudadanos.
Visto esto podemos decir que el problema de Argentina es que el gobierno gasta mucho y gasta mal.
Y aquí es donde se ve la parte negativa del sinceramiento fiscal. Con mayores recursos tributarios, el gobierno tendrá menos incentivos para reducir su gasto. Es decir, seguirá gastando mucho, ofreciendo servicios de dudosa calidad.
El gobierno de Menem también tuvo ingresos extraordinarios producto de las privatizaciones de empresas públicas a comienzos de los años ’90. Sin embargo, la voracidad fiscal fue mayor y nos empujó a la crisis de deuda que estalló a principios de la nueva década.
Néstor y Cristina Kirchner también tuvo ingresos extraordinarios, primero como resultado de la imposición de retenciones a la exportación ($ 500.000 millones de 2003 a 2015) y luego como resultado del asalto a las AFJP y su re-estatización. Sin embargo, el dinero no alcanzó y la emisión monetaria resultante nos llevó una inflación récord a nivel mundial.
Nuestra historia muestra que los gobiernos siempre se las ingenian para obtener fuentes de recursos adicionales que les permiten mantener un gasto público excesivo.
Finalmente, sin embargo, los problemas aparecen. ¿Aprenderemos la lección esta vez?
