A la hora de debatir sobre la educación pública, el problema no deben ser los inmigrantes.
Los domingos por la noche son un clásico de la televisión nacional. En su momento, la pantalla estaba ocupada por el fútbol y el resumen de la jornada. Sin embargo, el escenario político y la irrupción de “Fútbol Para Todos” cambiaron esta costumbre.
En el último tiempo, la noche de los domingos se llenó de política, y el programa de Jorge Lanata lideró el rating durante todo 2015, gracias a sus filosas críticas a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Con el cambio de gobierno y un país que busca ser “más normal”, Lanata ya no es la cita obligada de los domingos, pero sus informes siguen dándonos que hablar.
La última investigación que despertó la polémica se relacionó con la universidad de Buenos Aires. Más concretamente, con el número total de estudiantes extranjeros que acoge la universidad y que, por supuesto, no pagan ni una matrícula ni una cuota mensual, ya que la UBA es “gratuita”.
Según lo divulgado el domingo, la cantidad de alumnos extranjeros en la UBA aumentó 482% en los últimos 20 años, y la participación sobre el total pasó de 1,2% en 1996, al 4,4% en la actualidad.
Frente a estos datos, gran parte de la opinión pública suele reaccionar con indignación. Después de todo, el gasto público, que se financia con nuestros impuestos, debería estar destinado a favorecernos a nosotros, los argentinos, y no a los extranjeros que quieren aprovecharse de las ventajas que ofrecen nuestras universidades: ¿verdad?
El problema con esta manera de pensar es que ignora cuestiones fundamentales y, por sobre todas las cosas, no identifica la verdadera causa del conflicto.
En primer lugar, no puede conocerse sin un análisis fino de la situación quién realmente está pagando esa educación. No caben dudas que los contribuyentes sostienen la educación pública, por lo que lo de “gratuita” no es más que un eufemismo. Sin embargo, no podemos saber a ciencia cierta si esos contribuyentes son solamente argentinos.
Cuando un estudiante que proviene de Perú consigue un trabajo en Argentina, ¿no está pagando impuestos que el gobierno después utiliza para financiar su gasto? ¿No lo hace cuando paga el ABL, el IVA, o incluso el impuesto a las ganancias llegado el caso que debiera hacerlo?
A priori, sostener que los extranjeros viven de nuestros impuestos porque estudian en la UBA es una conclusión demasiado apresurada.
Ahora imaginemos la siguiente situación. Si la UBA fuese una universidad privada con matrícula y cuotas que tuvieran que afrontar sus alumnos, a nadie le molestaría la cantidad de extranjeros que en ella estudiaran. De hecho, para las autoridades de esa casa de estudio sería una excelente noticia recibir estudiantes del exterior; y también para todos los demás.
Habla de la calidad de cualquier empresa que sus servicios no sean solo consumidos por los nacionales, sino también por los extranjeros, así que: ¿qué mejor?
Pero el Estado de Bienestar tiene una tendencia inexorable a la xenofobia. En algún punto, el sistema en el que “todos pagamos” por lo que supuestamente “todos consumimos” se asemeja al de un club. Los socios pagan una cuota social y luego tienen derecho a utilizar las instalaciones comunes, como las canchas de tenis, la pileta, etc. Obviamente, en los clubes se discrimina contra los “no miembros” y es justo que así sea. Quien no paga, no puede usar las instalaciones.
Como vimos antes, no está claro quién realmente paga las “instalaciones comunes” en el caso de un país con un estado de bienestar como el nuestro. Pero aun así, es claro que la tendencia a discriminar al extranjero aparece sólo porque existe este tipo de arreglo (en el que los bienes públicos se financian con impuestos) pero no aparecería si todos los bienes y servicios fueran provistos por privados.
Y esto nos lleva a la verdadera causa del problema. Las transferencias del gobierno nacional para financiar el gasto corriente de las universidades públicas se multiplicaron por 24 entre 2003 y 2015, muy por encima de la inflación y la suba del dólar.
En el último año, estas transferencias representaron el 13% del déficit fiscal. Todo esto para financiar los estudios de alrededor de 1,5 millones de personas que llenan las aulas de los ateneos universitarios gestionados por el sector público. Es decir, un mero 3,6% de la población total.
El verdadero debate no es si debe haber estudiantes extranjeros en la UBA, o si deberían ellos pagar sus estudios mientras los argentinos siguen gozando de educación universitaria gratuita.
El verdadero debate es si el estado debe cobrarle impuestos a toda la ciudadanía para regalarle la educación universitaria a una minoría, en lugar de ir hacia un sistema donde cada uno pague lo que pueda pagar por el servicio que desea recibir.
