Si el mercado funciona para ofrecer bienes y servicios de calidad a menores precios ¿por qué va a ser ineficaz a la hora de proveer una pensión para la vejez?
Hace un tiempo nomás te contaba en esta misma columna sobre el descenso de la pobreza a nivel mundial. Hoy me gustaría arrancar compartiendo otra buena noticia que el mundo tiene para darnos. Se trata del sostenido incremento de la esperanza de vida al nacer.
Según los datos del Banco Mundial, un ciudadano del mundo hoy, en promedio, puede esperar vivir hasta los 71 años, mientras que en 1960 solo podía esperar vivir hasta los 52.
Estos datos son un promedio que abarca a toda la población mundial. En países desarrollados como Estados Unidos o Alemania, el promedio es 79 y 81 años respectivamente. En nuestro país, la esperanza de vida al nacer es de 76 años, cuando en 1960 ascendía a solo 65.
Los datos son para festejar. Sin embargo, lo que los avances de la ciencia y la actividad económica destinada al cuidado de la salud personal convierten en una buena noticia, los sistemas de jubilaciones y pensiones en el mundo lo toman como una muy mala. Es que cuantos más años vivan los mayores, más gasto público debe destinarse a los sistemas públicos de pensión, presionando los números fiscales, la deuda y la inflación.
En Argentina vivimos hoy una situación similar. Hace pocos días se reglamentó la ley de “Reparación Histórica” para los jubilados, donde la ANSES pagará los juicios pendientes y aumentará los haberes que abona mensualmente. La propuesta, si bien tiene la buena intención de mejorar la situación de millones de nuestros abuelos, también genera incertidumbre hacia el futuro.
¿De dónde va a obtener el gobierno el dinero para pagar por los aumentos? En el primer año el aumento podrá ser cubierto con el blanqueo, ¿pero qué hay de los casi $ 90.000 millones de nuevo gasto anual que, según estimaciones privadas, se sumarán de aquí en adelante?
Los sistemas públicos de pensiones, además, sufren el problema de los incentivos. Dado que los ingresos durante la vejez no dependen de lo ahorrado durante la vida laboral, sino de la capacidad del gobierno de cobrarles impuestos a los trabajadores activos en blanco, el trabajador tiene incentivos a evitar la economía formal. Además, el gobierno no tiene incentivos para administrar bien los fondos, puesto que siempre podrá apoyarse en su capacidad coactiva de cobrar impuestos.
Un sistema así está condenado al fracaso. O al sistemático ajuste en perjuicio de los jubilados. En nuestro país estos ajustes se dieron siempre en la forma de una inflación superior al aumento de los haberes, lo que redujo el poder de compra de los beneficiarios del sistema. En otros países, los ajustes se hacen mediante la suba de la “edad jubilatoria” establecida por ley.
Así las cosas, deberíamos comenzar a plantearnos un nuevo sistema. Uno que incluya una alineación de incentivos entre aportantes y beneficiarios y que, a la vez, evite que la buena noticia de la mayor esperanza de vida sea una carga para las cuentas públicas.
Tal sistema debería privatizar por completo la jubilación y dejar que cada uno decida cuánto quiere ahorrar para cuando llegue el momento de retirarse de la vida laboral activa.
En un esquema como éste, cada individuo sería responsable de su propio destino y no dependería de la dádiva estatal. Además, florecerían diferentes empresas gestoras de fondos, que competirían unas con otras para otorgarles a sus beneficiarios el máximo rendimiento para sus ahorros. La jubilación de cada uno, sería de cada uno y dependería directamente de nuestro ahorro durante la vida laboral.
El aumento de la esperanza de vida no sería un problema con jubilaciones privadas. Después de todo, no habría una “edad jubilatoria”, y cada cual decidiría cuándo deja de trabajar. Habría casos de personas retiradas muy temprano, y otros de personas que seguirían felices trabajando hasta los 70 años o más aún.
Muchos argumentan que esta propuesta es impracticable, puesto que la gente no es capaz de prever para su futuro.
Este argumento, como mínimo, subestima la capacidad de los ciudadanos. Sin embargo, llegado el caso de que algo así suceda, entonces el gobierno podría otorgar un subsidio para casos específicos. Pero ya no sería todo un sistema de seguridad social a su cargo, sino un gasto público acotado a casos particulares.
Si el mercado es bueno para ofrecer bienes y servicios de calidad a precios más bajos, ¿por qué sería ineficaz a la hora de proveer una pensión para la vejez? No es probable que en el corto plazo una propuesta como esta sea adoptada, pero es importante que empecemos a analizarla seriamente.
Después de todo, ayudaría a resolver muchos de los problemas que hoy padecemos, como el déficit fiscal, la inflación y los magros haberes que reciben nuestros abuelos y que seguirán recibiendo si no nos animamos a cambiar.
