Las más recientes declaraciones de Jorge Capitanich, jefe de Gabinete del Gobierno, fueron retomadas en varios medios de comunicación tanto locales como internacionales. Las mismas llamaron la atención ya que el funcionario afirma que “muchos bonistas” están dispuestos a que el pago de la deuda reestructurada, de la cual participaron, se haga a través de bancos en la Argentina o en Francia, como se propuso hace unos días.
De la prensa internacional, Bloomberg fue uno de los que quiso investigar un poco más a fondo sobre un número aproximado de cuántos tenedores de bonos realmente aceptaban este cambio en los términos.
Solo una persona
Al indagar más sobre quién había hecho ese tipo de comentarios, Bloomberg encontró que solo un bonista estaba de acuerdo con la propuesta del Gobierno argentino. Esta persona es David Martínez, de Fintech Advisory Inc.
Toda esta discusión se ha intensificado ahora que la Cámara de Senadores aprobó el proyecto para cambiar la jurisdicción del pago y a la espera de que el recinto lo discuta la próxima semana. Aunque en el país los políticos tienen la confianza de que esta medida podrá llevarse a cabo, en el exterior no piensan lo mismo.
“No queremos ir en contra de las decisiones judiciales”
En el artículo de Bloomberg, uno de los expertos económicos que fue contactado para saber si consideraba viable el pago por fuera de Estados Unidos, contestó que los inversores no se van a arriesgar a desafiar el fallo del juez Thomas Griesa, por lo que el cambio de jurisdicción sería ilegal.
Otro de los impedimentos que tendrían los tenedores de bonos -en el caso de que aceptaran los pagos en la Argentina- es la transferencia de esos fondos, ya que se necesitarían intermediarios estadounidenses, los cuales quedarían impedidos de trabajar con el país.
Para Paul McNamara, un administrador de patrimonio que también fue consultado por el medio de comunicación, uno de los obstáculos más importantes es que no está claro si será posible hacer la maniobra desde el punto de vista técnico, ya que se necesita una propuesta legal específica que confirme que se podrá hacer.
En cuanto al proyecto de ley, los senadores agregaron un cambio de último momento, en el que se agregó la posibilidad de que Francia sea el país para cancelar los títulos emitidos por Argentina bajo leyes extranjeras.
Uno de los puntos más frágiles y que podría ser difícil de ejecutar será el reemplazo del Bank of New York Mellon (BONY) por el Banco Nación para que sea el agente de pagos.
Así los legisladores hagan esfuerzos para intentar realizar este cambio, el país se podría enfrentar a demandas legales por parte de los bonistas, ya que se cambian los términos de los contratos que rigen a los títulos, por lo que no se sabe aún si estas medidas podrán tener un desenlace positivo.
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