No solamente los Buitres se quedarán con parte de las reservas argentinas. A este problema inicial, ahora se le suma también la confirmación de un fallo de la Organización Mundial de Comercio en contra de la Argentina por «violar normas internacionales» con el cepo a las importaciones. Además, intimó al Gobierno a que cumpla con esas normas.
La demanda fue iniciada por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, entre otros, en mayo de 2012 por las trabas que implicó entonces el paso de las licencias de importación no automáticas a las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) por parte del Gobierno, que buscaba así mantener el superávit comercial y reducir la salida de dólares.
Si bien desde el Gobierno ya habían salido a minimizar el impacto de un fallo en contra de la OMC, Inversor Global había publicado un artículo que hacía referencia a este riesgo: un estudio sobre el impacto del fallo estimaba que, de ocurrir, se perderían entre 3.000 y 5.000 millones de dólares por año, “una pérdida sumamente grave”, señalaba a Clarín Marcelo Elizondo, titular de Desarrollo de Negocios Internacionales, la consultora que hizo el cálculo.
Desde principios de julio se conoció que la OMC había confirmado -extraoficialmente- que el litigio que se llevaba contra la Argentina sería negativo para nuestro país.
Mauricio Claverí, coordinador de Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales de Abeceb.com, explicó las implicancias que sufriría la Argentina frente a un posible fallo negativo de la Organización Mundial de Comercio en contra de las medidas que aplica el Gobierno para controlar importaciones.
Claverí resaltó que de no acatar el fallo, que ordenaría la apertura y normalización de las compras, la Argentina enfrentaría medidas de restricción de sus exportaciones por parte de los países litigantes
Además, indicó que es muy raro que el fallo se modifique: “Tal cual es el procedimiento habitual y normal en la OMC, el órgano de solución de controversias va a tomar de manera puntual la manera en la que fue pronunciado el fallo por el panel de expertos, y ya que para modificarlo se necesita la unanimidad de todos los miembros de la OMC, eso es muy difícil que suceda”, resaltó Claverí.
Este fallo, normalmente tiene incorporado un mecanismo, que indica de qué manera la Argentina tiene que adaptar la política comercial cuestionada a la normativa OMC. No obstante, al país le queda una instancia de apelación a la que seguramente va a recurrir. Dicha apelación, va a postergar la implementación efectiva de la medida entre tres y cuatro meses.
“Llegada la instancia definitiva, la Argentina puede tomar la decisión de acatar o no el fallo del panel de expertos. En el caso de hacerlo, seguramente va a ver limitada sustancialmente su capacidad para frenar las importaciones y proteger lo súperavitario del balance comercial, pero de no hacerlo también lo que puede disparar es el permiso a los países litigantes y observadores a aplicar medidas de represalias”, concluyó Claverí.
Si bien por la determinación temporal, en este momento, todos las miradas apuntan a la causa Buitre, el fallo negativo de la OMC podría ser devastador para la Argentina. Además, para invertir mejor, siempre es aconsejable seguir de cerca todos los flancos que podrían perjudicar las reservas del Banco Central de la República Argentina.
El Secretario de Comercio, Augusto Costa, ya adelantó que el Estado trabajará para revertir el pronunciamiento de la OMC. Sin embargo no están previstos cambios en el esquema de administración del comercio.
El panel de expertos publicó hoy el dictamen en contra de la Argentina y abrió una instancia para las apelaciones que se extenderá por 90 días. Una vez que Argentina recurra el fallo, la OMC tendrá un mes más para estudiar el caso y ratificarlo o cambiarlo, por lo que la sentencia final se conocerá recién hacia fin de año.
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