La Argentina consiguió el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que aprobó una declaración de apoyo al país en su pelea con los fondos buitre, con las únicas abstenciones de las delegaciones de Estados Unidos y Canadá.
Según informaron varios portales, el documento de apoyo fue impulsado por las delegaciones de Brasil y Uruguay y fue aprobado al término de la Vigésimo Octava Reunión de Cancilleres de la OEA, en la que expusieron los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman.
La declaración expresa “su respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos financieros y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100 % de sus acreedores”.
Su aprobación supone un triunfo político para la Argentina, que quería convencer a los países de la región que la sentencia en su contra del juez neoyorquino Thomas Griesa sienta un precedente judicial que pone en peligro la capacidad de los estados de renegociar su deuda en casos de necesidad.
“Quiero expresar en nombre de la Argentina el agradecimiento a los países de América Latina y el Caribe por su amplio y explícito respaldo al pueblo de la Argentina”, dijo el canciller Héctor Timerman.
“Cuando hay una situación en la que hay una evidencia tan seria, un problema tan doloroso, que hay riesgo de crisis para el sistema internacional, nos ponemos de acuerdo y de manera muy sólida”, dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
En la declaración, la OEA declara “que es esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, sean respetados permitiendo que los flujos de pago sean distribuidos a los acreedores cooperativos según lo acordado con los mismos en el proceso de readecuación consensual de la deuda”.
El texto tuvo en cuenta para su definición, los “esfuerzos que viene realizando la República Argentina para honrar los compromisos adquiridos con más del 92 % de sus acreedores, desde la reestructuración de su deuda soberana en los años 2005 y 2010”, así como la “voluntad expresa del Gobierno argentino de negociar de buena fe y de honrar los compromisos adquiridos”.
Asimismo, consideró que “es necesario contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda en forma ordenada; y que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.
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